Corrupción y Obra Pública: ser tech, ser transparente?

“En las burocracias, el papel es poder” se lee en el arranque de una publicación de Carlos Santiso en el CAF sobre tecnología y transparencia. En Argentina, el nivel subnacional se ha activado pero aún es desigual en impacto. En Chubut, ley “durmiente”.

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Al inicio de la cobertura de #ReconstrucciónComodoro, generar el seguimiento de la obra pública de reconstrucción fue un problema. Los anuncios se acumulaban. Los plazos se manejaban en términos de meses. Los frentes que se abrían de forma simultánea abarcaban acciones conjuntas entre niveles estatales, pero también se bifurcaban dentro de cada Estado. Los registros estaban fragmentados y varios no tenían acceso abierto. Cuando todos hacen una parte, ¿cómo puede la ciudadanía seguir un proceso de información? La transparencia empieza a jugar un rol clave, no sólo hacia dentro del sistema de obra pública sino como herramienta de información veraz en la era de las fake news.

“La tecnología se ha convertido en el mayor aliado de la transparencia para lograr la integridad en el sector público”, postula Santiso. No se equivoca, pero ¿es suficiente?.

👇 ¿De qué hablamos?

En Argentina, el portal de plataformas de Gestión de Proyectos y Obras del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda se va convirtiendo con el paso de los años en un espacio de referencia. Conocido en referencia rápida como SIPPE, permite acceder a proyectos de obra pública en todo el país y descargar documentos de todo el proceso, seguir rutas de pagos de certificados y trámites de redeterminaciones, obtener datos adicionales para activar seguimientos de expedientes relacionados.

¿Es una herramienta nueva? No. De hecho, el Banco de Proyectos tiene más de 18.200 registros y los de creación más lejana están fechados en 2014. En los más de 700 días de uso continuo se ha observado un incremento en la carga, mayor disponibilidad de datos y documentos para descarga, y el agregado de características que facilitan el uso y apuestan a una difusión no especializada más asertiva.

Si bien aún faltan puentes intraestatales para un mejor acceso a diferentes tipos de obras -como las viales- y una visión de uso más amigable para la ciudadanía con niveles básicos de alfabetización digital, la herramienta en sí genera un acceso que permite un ejercicio de control ciudadano sin precedentes. En junio de 2018, Fernando Álvarez de Celis ponía datos detrás del avance: ya suma 15 mil proyectos. Más de 900 municipios, las 24 provincias y los ministerios nacionales transparentando la información y la toma de decisiones”. Un año antes, en evento del BIM Forum Argentina, el mismo funcionario hablaba de la plataforma y señalaba que se trabajaba en “más de 1.200 planes operativos con los municipios”

👉 ¿Y el nivel subnacional?

Bien. Rengueando. En SIPPE se puede seguir el paso de varios proyectos de provincias, municipios y comunas rurales. Los hay más y menos activos en la publicación, y eso ya representa un impacto desigual de la herramienta de transparencia. En una segunda mirada, no todos anexan documentos a los registros creados, dejando el proceso de acceso ciudadano a mitad de camino: “sé lo que vas a hacer, pero no sé cómo, ni cuánto costará, ni de qué se trata realmente”.

¿Podría resolverse esa brecha? Sí. Normalizando los registros, completándolos. Algún intento sobre ese puente se puede observar en los manuales de carga que propone el SIPPE para los usuarios estatales. Aún no hay un acceso público a los datos de trabajo con gobiernos subnacionales en ese puente, o si existen otros mecanismos que se estén implementando como mejora.

Mientras tanto, en Chubut hay un proceso que ya es ley pero aún “durmiente”.

El Registro Permanente de Obras Públicas fue impulsado por la diputada provincial Alejandra Marcilla (PJ-FPV) en dos oportunidades.

En 2016, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Legislatura del Chubut, y luego vetado por el entonces gobernador Mario Das Neves. Se consideró entonces que no sólo duplicaba “las misiones y funciones del ya creado bajo otra denominación, sino además es menos amplio y abarcativo que el vigente”. El vigente era el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas, que es inaccesible para consultas abiertas como desconocidos para la ciudadanía su contenido y frecuencia de actualización. Es claro que no ha servido tampoco como herramienta en la lucha contra la corrupción según se concluye de los hallazgos en el marco de la Causa Revelación, que investiga el manejo de la obra pública provincial en el período 2015-2017.

En agosto de 2018, la Legislatura insistió -con mismo texto- y la ley fue aprobada. Ya era gobernador Mariano Arcioni -anterior Vice- y la ley fue publicada en el Boletín Oficial del 4 de octubre de ese mismo año: Ley I N° 632.

En declaraciones públicas, Marcilla habló de la importancia del instrumento a crear: “tiene como objetivo el acceso de la ciudadanía a la información pública en la página oficial del gobierno de la provincia y donde todos podamos ver las obras, qué empresa fue la adjudicataria, qué montos se pagaron y qué inspecciones se hicieron entre otras cuestiones que los ciudadanos debemos saber para ejercer nuestro rol de control ciudadano. Al momento de escribir este posteo se desconoce si fue reglamentada, o si acaso la herramienta existe a nivel interno con la actualización semestral requerida por ley. El plazo máximo para la publicación online del Registro en el sitio oficial del gobierno provincial –“60 días hábiles a partir de la promulgación”– está pendiente de saber si lo último se concretó.

✋ Post muy largo… cerranding…

El consumidor promedio de info en redes se quedó en título y no salió de la red social de origen. Quienes lo siguen en proactividad, tal vez llegaron al final de la primera pantalla: si fue un celular, ni siquiera representó un párrafo.

Si llegaron hasta acá, tal vez son la minoría de la minoría ciudadana que se informa sin prestar atención a las extensiones o la métrica de los 3-5 segundos de atención. Pero, ¿utilizan plataformas de datos abiertos para llegar a información y ejercer control ciudadano? Es probable que la respuesta sea “no”.

En las pasadas semanas se acumulan reclamos de comunidades educativas por el estado de la infraestructura escolar en las principales ciudades de Chubut. Los precedentes existen y se reiteran año tras año. En esta ocasión, si el Registro provincial estuviera vigente, no se dependería de ningún pedido de informes -de respuestas nunca accesibles- para conocer con exactitud qué y cuándo se hizo, cuánto costó, qué empresa fue contratada, y si ya se pagó o no.

La transparencia puede tener de aliada a la tecnología, pero si la ciudadanía no la tiene ni siquiera en su visión periférica como herramienta para generar los cambios que reclama de forma reiterada, de poco sirven las alianzas y los accesos abiertos.

No es la tecnología: es el uso que estamos formados para darle. El poder sigue aferrado a sus papeles y la ciudadanía a su rol pasivo, del que sólo la saca la indignación puntual y por oleadas. Luego, todo vuelve a ser lo que era: un Estado del siglo XIX y una ciudadanía semianalfabeta cívica que se resigna a ser sólo habitante de lo que le pasa.

🚫🔝

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